Tratado de Bucareli

 Tratados de Bucareli

Los Tratados de Bucarelli es la denominación como se conoce un tratado entre México y Estados Unidos, firmado el 10 de agosto de 1923, entre los entonces presidentes Álvaro Obregón y Calvin Coolidge. Se buscaba regularizar la situación de las propiedades e inversiones estadounidenses en México, sobre todo las petroleras. El nombre se debe a que las conversaciones para el tratado tuvieron lugar en un edificio de la calle Bucareli.

En 1910, a raíz de la novena reelección de Porfirio Díaz, comenzó en México una seguidilla de alzamientos donde destacaron Emiliano Zapata y Pancho Villa. Esto conformó lo que se conoce como Revolución Mexicana. Durante todo ese tiempo, las luchas afectaron vidas y propiedades, incluyendo las de algunos estadounidenses establecidos en México. Del mismo modo, las inversiones petroleras de los Estados Unidos resentían que la Constitución promulgada por Carranza en 1917 estableciera la propiedad del Estado Mexicano sobre cualquier riqueza natural que se encontrase en el espacio territorial de México.

Por una parte, el gobierno de los Estados Unidos consideraba que sus intereses estaban siendo lesionados, no sólo cuando ciudadanos de ese país perdieron propiedades en México a raíz del desarrollo de la Revolución, sino también debido a la estatización de la explotación petrolera contemplada en el artículo 27 de la Constitución Mexicana de 1917. Deseaban una compensación por tal situación.

Por otra parte, el gobierno de Álvaro Obregón no era reconocido por los Estados Unidos. Este punto era fundamental, debido a que Obregón consideraba necesaria la inversión extranjera para poder lograr la necesaria prosperidad del país, retrasada ya varios años por causa de los conflictos internos. De este modo comienzan las conversaciones para lograr una solución a este conflicto.

Desarrollo de los acontecimientos

El artículo 27 de la Constitución establecía que todos los recursos naturales dentro del territorio pertenecen a la Nación. Esto incluía las riquezas del subsuelo, por lo que las compañías petroleras debían moverse en un esquema donde lo que extrajeran no les pertenecía en principio. De modo que el gobierno de los Estados Unidos demandó la firma de un tratado que no sólo regulase favorablemente la explotación petrolera, sino que también se incluía allí la necesidad de compensar a los ciudadanos estadounidenses que perdieron sus posesiones en México durante la Revolución. Estados Unidos exigía además el pago de la deuda externa mexicana, dicho pago había dejado de cumplirse durante la presidencia de Carranza.

El proceso que llevó al tratado fue tortuoso. Obregón logró que la Suprema Corte dictaminara que el artículo 27 sólo aplicaba a concesiones otorgadas luego de 1917, lo que significa que no era retroactivo. Se convino en compensar a los colonos que hubiesen perdido propiedades como consecuencia de la Revolución.

Desde el punto de vista legal, dado que el tratado no fue refrendado por los congresos de los países involucrados, se consideraba nulo. A pesar de ello, el gobierno de Álvaro Obregón cumplió con el mismo, a pesar de la oposición de personajes como el Secretario de Hacienda Adolfo de la Huerta, que también había sido presidente. Sin embargo, con ello Obregón logró su objetivo de ser reconocido como presidente por los Estados Unidos.